Hace tan sólo unos minutos
Repsol-YPF había caído en la
Bolsa de Madrid en torno a 10 puntos, pronto se ha recuperado
y la pérdida se sitúa en estos momentos en el 7%.
Repsol, fue privatizada en su
totalidad en el año 1997 con Aznar como Presidente del Gobierno. Fue este quien
designó a Alberto Cortina –hijo de Pablo Cortina el que fuera Ministro de
Exteriores de Franco- para que culminara el proceso de privatización de una de
las empresas públicas con mayor volumen de beneficios y negocio de España, sin olvidar
que este proceso fue iniciado por el Gobierno socialista de Felipe González a
principios de los 90. Las buenas relaciones con Carlos Menen, el que fuera
presidente argentino y que posicionó al país latinoamericano como fiel aliado
de EEUU tras años de neutralidad, culminaron con la adquisición por parte de
Repsol del 57% de YPF, dejando en manos de inversores americanos un 17% y un
26% en manos de un grupo de empresas argentinas.
En datos, YPF significa hoy en
día un 40% de las reservas de Repsol y el 40% de su producción. Así los
beneficios resultantes de la filial argentina se sitúan en torno al 30 % de los
beneficios totales de la empresa (más de 2.000 millones en 2011 y más de 4.000
millones en 2010). Además existe un estudio previo de prospección que ha
descubierto un nuevo yacimiento petrolífero en Argentina que podría multiplicar
la producción exponencialmente en los próximos años.
Repsol-YPF cuenta con una
plantilla de 36.000 personas en todo el mundo, de ellas 16.000 (46%) trabajan
en España y 13.000 (37%) en Argentina, situación esta que, teniendo en cuenta
que el 50% de la producción proviene del país latinoamericano, parece no estar
muy en consonancia. No obstante se podría deducir que, por separado ambas
serían absolutamente autosuficientes, añadiendo, como no podía ser de otra
manera, que incluyendo todos los gastos (personal/inversión/mantenimiento) la
empresa sigue obteniendo miles de millones de beneficios anualmente.
Dejemos las cifras, España es un
país que asume, desde su Carta Magna, la economía de mercado como sostén de las
relaciones de intercambio. Dicho esto, que es una realidad objetiva, la
expansión y desarrollo de las empresas privadas pasan por alcanzar cotas de
mercado que las hagan más competitivas para la obtención de un mayor volumen de
beneficios. En este sentido Repsol, como otras, pasó de ser una empresa de
carácter público-estatal a una empresa de carácter privado, en la que en torno
al 27% de sus propietarios son empresas de origen español (13% Caixabank, 4%
BBVA, 10% Sacyr Vallehermoso –Santander-), curiosamente bancos privados que han
mantenido unas tasas de beneficios importantísimas en sus cuentas de resultados,
de miles de millones de euros en los últimos años –incluido 2011-, sólo una
parte ínfima del paquete accionarial total del conjunto de la empresa es de
particulares.
Con lo que, cuando el Gobierno –y
no sólo este, sino también el anterior y ahora el principal partido de la
oposición- elevan a la categoría de Crisis la decisión del Gobierno argentino
de nacionalizar YPF, hablamos del apoyo del mismo a las 3 entidades financieras
anteriormente citadas.
No estamos hablando de que este
proceso podría dar como resultado una puesta en peligro de los empleos de los
mas de 16.000 trabajadores de Repsol en España, ya que en cifras y como hemos
visto antes, se mantendría el 60% de la producción y el 70% de los beneficios;
estamos hablando de poner en peligro una parte de los beneficios resultantes
para 3 entidades financieras españolas y otras muchas entidades privadas
extranjeras, es decir, de frenar la expansión empresarial de una empresa
privada.
Ese es el verdadero problema y
por eso el Gobierno del PP y el PSOE han elevado a la categoría de Crisis entre
Estados una decisión que devuelve a Argentina, único país de la OPEP que controla menos del
50% de sus recursos naturales, la propiedad sobre los mismos, su explotación y
gestión.
El Gobierno español no está
defendiendo los intereses de los trabajadores españoles; tampoco los de la sociedad
española en general, se sitúa, como lo hace habitualmente con sus políticas de
recortes sociales, laborales y económicos, en defensa de las entidades
financieras, que son las que nos han llevado a la crisis que ahora nos hacen
pagar a los trabajadores.
Así, la cuestión no reside en si apoyamos
los intereses españoles en Argentina, la cuestión reside en que, como ya
dijimos en su momento, necesitamos en España algunas medidas del tipo argentino,
necesitamos de una Banca Pública, necesitamos que se intervengan empresas que obtienen
resultados multimillonarios y que no repercuten socialmente, necesitamos que no
se subvencionen empresas que con posterioridad se fugan a otros países para
reducir los costes de producción y aumentar sus beneficios, necesitamos que los
recursos naturales, su gestión y explotación, se realice desde lo público para
que repercuta en la mayoría de la sociedad; en definitiva, necesitamos
políticas y políticos que trabajen para los que menos tienen y no para los que
nos han llevado a niveles inéditos de desempleo, pobreza y miseria.
